Urbanismo

El grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil no da abasto

Las Unidades de Delitos Urbanísticos tienen como objetivo la prevención de infracciones urbanísticas, trabajo que llevan a cabo mediante inspecciones. Se componen de unos doscientos agentes de la Guardia Civil y empezaron su andadura en marzo del presente año, tras el anuncio de inicio de sus actividades por el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

A pesar de sus escasos ocho meses en funcionamiento, al ver las escandalosas cifras de operaciones, detenidos e imputados registradas durante este período, podemos deducir que trabajo no les ha faltado. Ni les falta.
Ya han cerrado 26 operaciones pero aún tienen abiertas 80 de las que, como consecuencia, se han producido 57 detenciones y otras aproximadamente 130 personas se han visto imputadas.
Los delitos que se investigan son variados, yendo desde el tráfico de influencias hasta el cohecho, la prevaricación, la estafa, malversación de caudales públicos y un amplio abanico que completa todo el conjunto de irregularidades inmobiliarias.

Las comunidades donde se han tenido que emplear más a fondo, son por este orden Andalucía, Baleares y Madrid.
En esta última, se encarceló a finales de la semana pasada a cinco de los diecisiete detenidos por la ya famosa operación Guateque, dado que el juez encargado del caso, Santiago Torres, encontró claras evidencias de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Los detenidos, eran altos cargos de la Concejalía de Medio Ambiente y algunos ya habían sido expedientados en el pasado por la administración por cuestiones similares.
El caso se empezó a estudiar a raíz de la denuncia que efectuó en verano un particular, afirmando que para poder adquirir la licencia para poner en funcionamiento un bar, los funcionarios del ayuntamiento de Madrid le habían pedido a cambio 20.000 euros.

El cohecho, que consiste en hacer favores a los empresarios por parte de los funcionarios o que los empresarios paguen por adquirir determinados permisos, es el delito que hasta ahora se ha registrado en mayor medida.
Pero donde la Guardia Civil ha sido más efectiva, ha sido en Andalucía, sobre todo en Jaén y Cádiz.
En Jaén, hay en este momento 70 personas imputadas por delitos relacionados con el urbanismo. Y en Cádiz, es donde se han producido más detenciones hasta la fecha, con un total de 24 personas detenidas.

En total, aún existen 21 operaciones abiertas en el todo el territorio andaluz, donde sorprendentemente Málaga, que se ha visto en el punto de mira los últimos meses debido al conocido y comentado caso Malaya, solo mantiene en fase de investigación dos casos.
Hasta la creación de esta unidad especial de la Guardia Civil, el cuerpo sólo contaba, para paliar los delitos relacionados con la construcción, del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), que ahora es sólo una de las partes integrantes de la unidad.