Urbanismo

Los expertos exigen medidas drásticas contra la corrupción urbanística

Unos doscientos catedráticos, jueces y fiscales se han reunido esta semana para hablar de urbanismo, corrupción y de las medidas que las instituciones deberían tomar, para que muchos de los problemas y fraudes cometidos en el ámbito urbanístico, no vuelvan a cometerse nunca más.

Se trata del Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por penalistas y criminólogos de tendencia más bien progresista, que han elaborado un manifiesto en el que critican duramente todas aquellas actuaciones de las administraciones que han llevado a situaciones corruptas, a la par que proponen un largo listado de soluciones.

Entre las opciones enunciadas por estos expertos, encontramos como medida ejemplarizante, en caso de delito, la demolición obligatoria de aquellas construcciones que se hayan realizado a espaldas de la Ley, existan o no moradores en ellas, pues es principio penal básico en caso de haber producido un perjuicio, el restaurar la situación dañada a su estado inicial

Piden además, el endurecimiento de las penas de todos aquellos delitos o faltas que tengan relación con la corrupción urbanística y demandan del Gobierno que no vacile en la disolución de ayuntamientos claramente implicados en causas corruptas.

El documento no solo se refiere al Gobierno, sino que se centra en todas las instituciones estatales que pueden verse implicadas habitualmente en este tipo de fraude y les propone modificaciones a cada una de ellas.

Por ejemplo, al Gobierno no sólo le avisa de la conveniencia de un control sobre sus funcionarios, sino también de notarios y registradores que en ocasiones han actuado con connivencia, propia complacencia u omisión.

A su vez, las autonomías, deberían reducir las competencias de sus corporaciones locales, incorporando límites a la construcción y obligando a que la urbanización se ciña a necesidades reales y no a especulación.

También llaman la atención a los Jueces de lo Contencioso-Administrativo, pues deben dar preferencia a los casos trascendentes para crear precedentes, y no tener problema en tomar medidas drásticas si la causa del juicio es manifiestamente delictiva.

Por último, el grupo de entendidos considera que, el voto o informe favorable de cargos públicos a planes ilegales, debe ser entendido directamente como un delito de prevaricación en el Código Penal y que las penas de los delitos contra la ordenación del territorio tendrían que endurecerse de forma considerable.

En su opinión, políticos y funcionarios además, deberían informar por Ley de todas la operaciones sospechosas que realizaran, a efectos de evitar el blanqueo de dinero.

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