Urbanismo

Nueva estafa inmobiliaria en Galicia

En la comunidad gallega se han iniciado recientemente, trámites judiciales por apropiación indebida y estafa, que podrían haber afectado a aproximadamente 400 personas.
De momento, hay unas 50 denuncias presentadas en distintos juzgados gallegos contra Juan Iglesias Rodríguez, gerente de la inmobiliaria “Seiseme”, con sede en Catoria, Pontevedra.
Se le acusa de realizar cobros por viviendas que jamás fueron construidas, inmuebles pagados por los estafados que supuestamente se encontraban a lo largo de todo el territorio gallego.
Las denuncias se han remitido mayoritariamente al Juzgado de Vilagarcía de Arousa por proximidad con la sede de la promotora, aunque Iglesias se ha inhibido en favor del Juzgado de Pontevedra.
Según uno de los abogados conocedores del caso, Carlos Hermelo, “Seiseme” ofrecía a través de inmobiliarias intermedias viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados en adelante, con parcelas de 400 metros.
Estos inmuebles tenían un precio mínimo de 144.000 euros, aunque según Modesto González, portavoz de los afectados en Orense, el promotor les aseguró en un principio, que no tenían que pagar nada hasta tener las llaves en mano.
Posteriormente se retractó y demandó el pago de una señal de 3.000 euros, para posteriormente pedir una primera entrega que podía llegar hasta los 35.000 euros en algunos casos.
Muchos pidieron “préstamos-puente” para poder hacer frente a esta petición, pues el promotor también aseguró que se haría cargo de las cuotas mensuales, aunque finalmente solo pagaba uno o dos meses e incluso ninguno, cobrando posteriormente el banco a los compradores de las casas.
Así, muchos se encuentran pagando hasta 1.100 euros mensuales a las entidades bancarias sin tener casa y teniendo que luchar para recuperar su dinero.
Lo lamentable es que los bancos y cajas han seguido aprobando créditos incluso cuando la empresa ya tenía en contra sentencias condenatorias desde finales de 2007.
Otras quejas importantes se refieren a la gestión de estos mismos juzgados, al no ejecutar en su día ni una medida cautelar, cuando en todos los Registros de la Propiedad la inmobiliaria no tenía inscritos ni derechos ni bienes.