Urbanismo

Zapatero se enfrenta a Solbes para inyectar cantidades millonarias al sector inmobiliario ante las elecciones

El G-14, asociación entre las promotoras más poderosas del país, ha sabido aprovechar el momento electoral para presionar al Ejecutivo y así conseguir que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), aporte 10.000 millones de Euros en líneas de crédito urgente.

Aún no hay un acuerdo definitivo, pero Gobierno e inmobiliarias están estos días ultimando el plan de apoyo para reflotar con fondos públicos al sector del ladrillo y evitar que empresas con alto grado de endeudamiento acaben cerrando.

El secretario general del G-14, Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía en época de Carlos Solchaga, ha sido el portavoz de las reuniones que se han mantenido con PSOE, La Moncloa y el Ministerio de Economía, y en ellas, ha sabido jugar bien sus bazas.

En concreto, ante la negativa de financiación por parte de los bancos, demanda que sea el Estado el que sufrague las cuantiosas pérdidas y frene la desaceleración, porque de lo contrario es posible que el próximo boom sea el del desempleo en la construcción, y los trabajadores también son votantes, con potencial visión negativa del Gobierno en caso de perder su empleo.

Por ello, el grupo de Rodríguez Zapatero se está dando prisa en llegar a un acuerdo, cuestión que ha provocado el total rechazo del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que advierte que lo que sí es peligroso es endeudar más las arcas del Estado para sufragar los costes de esta operación.

Además, el Ministerio de Economía ha querido hacer ver a Presidencia que este tipo de créditos, conocidos como préstamos jumbo, demuestran claros síntomas de debilidad económica, por lo que España perdería atractivo al colocar sus emisiones de deuda en el extranjero, las agencias de rating podrían cambiar su calificación debido al alto riesgo y se estaría favoreciendo a los compradores de bonos, que podrían exigir mayor rentabilidad.

Por si ello fuera poco, es posible que esta práctica sea ilegal según el derecho comunitario, pues favorecer a un solo sector de la economía con problemas y además con fondos estatales, es poner en posición aventajada a las promotoras españolas frente a las del resto de la UE.

La importancia del empleo en la construcción, radica en que, según datos del Ministerio de Trabajo, este mercado aporta el 11,61% de los ciudadanos dados de alta en la Seguridad Social, y en un año el desempleo ha aumentado en un 39,33%, lo que no es bueno para la imagen del Partido Socialista, que no puede permitirse que un sector tan relevante para el PIB se desequilibre.